Comisión Inicia Proceso de Antejuicio contra Diputado Romero

En una trascendental sesión de trabajo, los diputados que conforman la Comisión Especial de Antejuicio, encargada de evaluar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), llevaron a cabo la primera fase de análisis sobre el caso del diputado de ARENA, Alberto Romero. Este parlamentario oriundo de Cojutepeque se encuentra en la mira de la justicia debido a presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.

La Fiscalía ha presentado evidencia que señala ingresos sin justificación por un total de $1,162,388.05 en el caso de Romero. Dichos ingresos son la base de las acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, cuyas penas podrían alcanzar hasta cuatro años de prisión y de cinco a 15 años de cárcel, respectivamente, junto con la cancelación de activos.

En un claro esfuerzo por demostrar transparencia y la aplicación justa de la ley, la Asamblea Legislativa ha designado a los diputados Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña, ambos de Nuevas Ideas, como integrantes de la parte fiscal en esta comisión. Zaldaña ha enfatizado que esta nueva legislatura no será cómplice de encubrimientos y que el fuero no será un obstáculo para enfrentar a quienes hayan cometido delitos.

Por su parte, Pineda ha reiterado el compromiso de buscar la verdad en todo momento y de hacer lo correcto de acuerdo con la legalidad. Esta actitud muestra una determinación por parte de los diputados fiscales de cumplir con su deber de manera justa e imparcial.

La comisión ha delineado un plan en tres fases para abordar el proceso: la presentación de pruebas y testimonios, la exposición de argumentos y la deliberación sobre las pruebas para emitir un dictamen. Asimismo, se ha nombrado al abogado José Oswaldo López como notificador del caso, y el abogado Ernesto Parada ha confirmado su papel como representante legal de Romero.

El caso contra Romero se inició con investigaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, donde se identificaron irregularidades en su patrimonio. Recientemente, una decisión de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en periodos presidenciales anteriores y le impuso sanciones financieras y de inhabilitación.

La solicitud de la FGR para retirar el fuero al diputado se presentó el 23 de agosto en la sesión plenaria 120. Este paso es fundamental para permitir el procesamiento penal del parlamentario por los delitos en cuestión.

Alberto Romero ha tenido una extensa trayectoria política, ocupando diversos cargos en la Asamblea Legislativa durante 23 años. Además de su labor como legislador, también ha ejercido roles de liderazgo en la Junta Directiva y como jefe de la fracción ARENA en diferentes periodos.

Este caso marca un momento crucial para la justicia y la transparencia en El Salvador, ya que se pone a prueba la voluntad de las instituciones y los representantes políticos para enfrentar y erradicar la corrupción en todos los niveles. La sociedad observa atentamente cómo se desarrollará este proceso y qué resultados se obtendrán en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas.