Aval para que el Ejecutivo gestione fondos para innovación educativa digital
Con 56 votos, se aprobó autorizar al Ejecutivo la gestión de un financiamiento externo por $501.2 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, destinado a modernizar el sistema educativo mediante innovación digital.
Esta medida representa una apuesta por el fortalecimiento del capital humano, posicionando la educación como eje clave para reducir brechas sociales y mejorar la competitividad del país. El programa será ejecutado por el Ministerio de Educación y tiene como objetivo elevar la calidad del aprendizaje en los niveles básicos, incorporando tecnología y nuevas metodologías pedagógicas en todo el sistema educativo nacional. Asimismo, la iniciativa beneficiará directamente a estudiantes de sectores vulnerables, ampliando el acceso a herramientas digitales y contribuyendo a disminuir desigualdades en la enseñanza. El financiamiento contempla un plazo de hasta 25 años, con cinco años de gracia, lo que implica un compromiso fiscal de largo plazo y la necesidad de mantener disciplina en el manejo de la deuda pública. Este acuerdo también evidencia la continuidad de las relaciones del Estado con organismos multilaterales, que reconocen avances en políticas educativas impulsadas por el Gobierno.
Luz verde a fondos para obras de mitigación y prevención en época lluviosa
Con 57 votos, se ratificó un préstamo de $150 millones suscrito entre el Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo, orientado a enfrentar el impacto recurrente de las inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador.
La aprobación refleja una apuesta por la gestión del riesgo climático, especialmente en un país donde las lluvias intensas generan pérdidas materiales y afectan principalmente a comunidades vulnerables.
Los fondos permitirán ejecutar el Proyecto de Apoyo al Control de Inundaciones, enfocado en reducir la vulnerabilidad urbana, mejorar los sistemas de drenaje y fortalecer los mecanismos de alerta temprana.
Las obras tendrán impacto directo en zonas históricamente afectadas como Ilopango, Santa Tecla y la capital, disminuyendo afectaciones a viviendas, comercios y movilidad.
El plan será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas e incluye infraestructura como lagunas de laminación, rehabilitación de drenajes y modernización tecnológica para monitoreo hidrometeorológico en tiempo real.
Además, se contempla el fortalecimiento de capacidades técnicas institucionales, actualización de planes de drenaje y la promoción de campañas ciudadanas que fomenten la corresponsabilidad en la gestión del riesgo.
Reformas a la Ley General de Electricidad para reducir costos de energía
En la misma sesión, se aprobaron reformas a la Ley General de Electricidad con el objetivo de mejorar el servicio y garantizar precios más justos para los usuarios.
Estas modificaciones forman parte de la estrategia estatal para aliviar la economía de los hogares, mediante cambios estructurales en el mercado eléctrico que buscan trasladar beneficios directos a la factura de los consumidores.
La normativa impulsa la generación distribuida, especialmente a través de energía solar, lo que permitirá reducir costos al incorporar fuentes más económicas frente a combustibles como el búnker y el diésel.
Asimismo, corrige vacíos regulatorios en la fijación de precios, eliminando acuerdos bilaterales poco transparentes y fomentando condiciones más competitivas que podrían atraer nuevas inversiones al sector energético.
Otro de los avances es la creación de un mercado minorista de energía, que complementará el mercado mayorista y permitirá una regulación más precisa de las transacciones, contribuyendo a la estabilidad de tarifas.
Finalmente, el fortalecimiento de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas y la implementación de sistemas de medición regulada aportarán mayor control técnico, reduciendo riesgos operativos y generando mayor confianza en un sector en constante crecimiento.
Cabe destacar que la apuesta por energías limpias también reduce la dependencia de hidrocarburos, lo que tiene impactos positivos tanto en el ámbito ambiental como en la estabilidad económica ante la volatilidad de los precios del petróleo.
