La Comisión Política de la Asamblea Legislativa desarrolló tres jornadas de trabajo, los días 19, 20 y 23 de marzo, como parte del proceso para ratificar la reforma al artículo 27 de la Constitución de la República, la cual busca habilitar la cadena perpetua para delitos de homicidio, violación y terrorismo.
El jueves 19 de marzo, los diputados recibieron al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien expuso la necesidad de reformar el Código Penal y otras leyes secundarias para evitar vacíos legales y garantizar la correcta aplicación de la reforma constitucional. Entre las normativas a modificar se encuentran el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil.
El funcionario detalló que las reformas incluyen la incorporación de nuevos artículos y la modificación de disposiciones existentes para establecer la pena de prisión perpetua en delitos graves, así como mecanismos de revisión de la condena, con el fin de asegurar su aplicación dentro del marco legal.
El viernes 20 de marzo, la Comisión recibió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quien brindó su valoración técnica y expresó su respaldo a la iniciativa. El titular del Ministerio Público señaló que la cadena perpetua no contraviene compromisos internacionales, siempre que contemple mecanismos de revisión periódica de la pena, lo que permite evaluar la conducta del condenado y su posible reinserción social.
Asimismo, destacó que esta medida responde al contexto actual del país y fortalece las herramientas legales para garantizar la seguridad ciudadana.
El lunes 23 de marzo, los legisladores escucharon a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes coincidieron en que las reformas propuestas son compatibles con la Constitución y el ordenamiento jurídico salvadoreño. Indicaron que la armonización de las leyes secundarias con la reforma constitucional contribuirá a consolidar la seguridad en el país y a garantizar justicia en casos de delitos de alta gravedad.
Las jornadas de trabajo reflejan el avance en el proceso de estudio y análisis técnico de la reforma, cuyo objetivo es fortalecer el sistema judicial y asegurar sanciones más rigurosas para quienes cometan delitos que atenten contra la vida, la integridad y la seguridad de la población.
