La Asamblea Legislativa desarrolló una nueva sesión plenaria en la que se aprobaron importantes iniciativas enfocadas en seguridad y desarrollo del país, destacando como punto principal el inicio del proceso para implementar la pena de cadena perpetua en delitos graves.
En primer lugar, los diputados aprobaron, con 59 votos, una reforma al artículo 27 de la Constitución de la República para permitir la aplicación de la pena perpetua a delitos de homicidio, violación y terrorismo. Con esta modificación, se elimina la prohibición absoluta de este tipo de sanción, estableciendo que solo será aplicada a quienes cometan estos crímenes.
La iniciativa deberá ser ratificada en una próxima legislatura y posteriormente armonizada con el Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil, con el fin de garantizar su correcta aplicación.
Durante la discusión, legisladores señalaron que esta reforma busca cerrar ciclos de impunidad y fortalecer el sistema de justicia, asegurando que quienes hayan cometido delitos graves no vuelvan a representar una amenaza para la sociedad salvadoreña. Asimismo, destacaron que esta medida forma parte de la consolidación de las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años.
En la misma plenaria, los parlamentarios aprobaron, con 57 votos, reformas a la Ley Especial de Migración y de Extranjería, con el objetivo de modernizar la normativa y adaptarla a una nueva realidad del país.
Los cambios buscan facilitar la residencia a inversionistas extranjeros, promoviendo así el crecimiento económico, y fortalecer la reunificación familiar, permitiendo que hijos de salvadoreños naturalizados nacidos en el extranjero puedan acceder a la nacionalidad salvadoreña.
Además, se establecen reglas más claras sobre la permanencia en el país, como el requisito de que los residentes temporales permanezcan al menos 90 días al año en el territorio nacional, con el fin de asegurar un vínculo real con El Salvador.
Las reformas también refuerzan la seguridad jurídica en los procesos migratorios y definen con mayor precisión las causales de pérdida de la nacionalidad por naturalización, especialmente en casos de delitos graves.
Con estas decisiones, la Asamblea Legislativa avanza en la consolidación de un marco legal que prioriza la seguridad, el orden jurídico y el desarrollo económico del país.
